Desde hace unos años, la asignación de permisos de caza en las reservas de caza de titularidad de la Junta de Castilla y León se lleva a cabo exclusivamente mediante subastas públicas, y los sorteos con un precio establecido y asequible para todos los bolsillos han pasado a la historia.
Este sistema de subastas ha dado lugar a niveles de precios desorbitados, lo que limita el acceso a la caza en estas reservas a solo unos pocos privilegiados. Esta práctica plantea serias dudas sobre la equidad y el uso justo de un bien de titularidad pública, ya que la gestión de estas reservas se financia en parte, o en su totalidad, con recursos de la administración.
Ante esta situación, surge la pregunta de si es saludable para el sector cinegético que solo aquellos con mayores recursos económicos puedan disfrutar de la caza en estas reservas, excluyendo a otros que podrían estar igualmente interesados pero carecen de los medios necesarios. ¿No debería la caza en reservas públicas tener un carácter más inclusivo y accesible para todos los ciudadanos? Desde nuestra perspectiva, la respuesta a estas preguntas resulta obvia.
Una posible solución sería adoptar un enfoque más popular en la gestión de las reservas de caza de la Junta de Castilla y León, priorizando el acceso equitativo y promoviendo la participación de la comunidad en general. Esto podría lograrse mediante la asignación de permisos a través de sorteos públicos a precios testimoniales, donde cualquier persona interesada tenga la oportunidad de participar, independientemente de su situación económica. Esta medida no se aplicaría al cien por cien de los permisos, pero sí a un cupo entre el veinte y treinta por ciento de ellos, incluidos los codiciados trofeos de categoría 1.
Al implementar un sistema de adjudicación de permisos por sorteo a un precio testimonial, se abriría la posibilidad de que un mayor número de personas, incluidas aquellas con recursos limitados, puedan disfrutar de la caza en reservas públicas. Además, se fomentaría una mayor participación en el acceso a estos espacios naturales, fortaleciendo así el vínculo entre la sociedad, la caza y la conservación de la fauna y flora silvestres. Además, desde el punto de vista político, esta medida seguramente resultaría rentable para una administración que transmite señales positivas al sector, como la gratuidad de las licencias de caza para todos los ciudadanos que las soliciten.
Es importante destacar que la caza en reservas públicas no solo tiene un valor económico, sino también social y cultural. La participación de la comunidad en la gestión y disfrute de estos recursos naturales puede contribuir a su conservación a largo plazo y promover un mayor sentido de pertenencia y responsabilidad ambiental.
¿Afectaría esto a los ingresos obtenidos por la administración y propietarios integrados en la reserva procedentes de la explotación de estos recursos? Nuestra modesta opinión es que no, ya que, al reducir la oferta de los permisos subastados, estos podrían aumentar su valor en un mercado con una demanda estable. Pongamos un ejemplo: En un bien destinado a perfiles con alto poder adquisitivo, como la caza del macho montés en la Reserva Nacional de Caza de Gredos, una reducción del 20% en la oferta podría tener diferentes efectos en la demanda y en el valor de mercado. Veamos cómo podría afectar:
Efecto en la demanda: La caza del macho montés en Gredos es una actividad altamente demandada por cazadores aficionados y coleccionistas de trofeos de todo el mundo debido a la exclusividad y prestigio asociados con esta especie y ubicación. Una reducción del 20% en la oferta disponible en la subasta podría generar un efecto de escasez percibida, lo que aumentaría la demanda entre aquellos que desean cazar en esta reserva de tanto renombre. La idea de que hay menos oportunidades disponibles podría motivar a más personas a buscar la oportunidad de cazar, lo que podría aumentar la demanda.
Efecto en los precios: la relación entre la oferta y la demanda también debe influir en los precios. En un mercado donde la demanda es alta y la oferta es limitada, una reducción del 20% en la oferta debería provocar un aumento de los precios. Esto podría resultar en una compensación parcial o total del efecto negativo de la reducción de la oferta en los ingresos generados por la actividad.
En conclusión, es cuestionable el uso de un bien público, como son las reservas de caza, para generar oferta a la que solo pueden acceder unos pocos a través de subastas costosas. Adoptar un enfoque más social en la gestión de estas reservas, con permisos accesibles y adjudicación por sorteo, podría contribuir a una mayor equidad y democratización del acceso a la caza, al tiempo que fortalece los lazos entre la sociedad y la conservación de la naturaleza sin alterar los ingresos recibidos.
