La caza, arraigada en la cultura y tradición española durante siglos, se enfrenta a un desafío en España: la obtención de una licencia para su práctica. El proceso administrativo que rodea este trámite ha evolucionado hacia una odisea burocrática, complicada por una maraña de regulaciones y trámites desalentadores tanto para los cazadores novatos como para los más experimentados.
El Club Tierra de Caza (www.tierradecaza.com), con una visión nacional y comprometido en asistir a sus socios en este proceso, ha sido testigo de las dificultades que enfrentan los cazadores para sortear esta complejidad, especialmente cuando el tiempo apremia.
El principal obstáculo al que se enfrentan los solicitantes de licencias de caza en España es la complejidad del proceso administrativo. La falta de uniformidad en los requisitos y procedimientos entre las distintas regiones del país agrava aún más esta situación.
En un intento por abordar esta complejidad, se lanzó la iniciativa de la licencia «interautonómica» hace más de ocho años. Esta iniciativa prometía simplificar el proceso al permitir un único permiso válido en múltiples regiones. Sin embargo, la falta de compromiso político ha dejado esta iniciativa estancada. A pesar de un comienzo esperanzador con la participación inicial de ocho comunidades autónomas (Valencia, Aragón, Asturias, Castilla y León, Extremadura, Madrid, Murcia y La Rioja), la licencia «interautonómica» no ha logrado expandirse, dejando a muchos ciudadanos fuera del acuerdo. Es particularmente preocupante que tres de las regiones con mayor afluencia de cazadores, como Castilla-La Mancha, Andalucía y Cataluña, estén excluidas del acuerdo.
Este estancamiento no puede atribuirse únicamente a obstáculos burocráticos. Detrás de este fracaso, se evidencia una notable falta de voluntad política para impulsar una medida que beneficiaría tanto a los cazadores como a la gestión sostenible del medio ambiente, en el cual la caza desempeña un papel indiscutible.
Es esencial que los políticos asuman su responsabilidad y actúen en favor de los cazadores y del bienestar de la actividad cinegética en España. La simplificación de los procesos no es solo una oportunidad perdida, sino una necesidad urgente que requiere un compromiso renovado y acciones concretas por parte de las autoridades pertinentes. Los cazadores no pueden seguir siendo víctimas de la burocracia y la falta de voluntad política por parte de las instituciones autonómicas. Además, es crucial que los cazadores tomen nota y exijan compromisos electorales que incluyan medidas concretas en los programas de los partidos políticos.
